Caso Cuadernos: el Tribunal rechazó la reparación integral propuesta por los empresarios para evitar el juicio

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) resolvió rechazar el pedido de reparación integral que medio centenar de empresarios ofrecieron, para evitar sentarse el 6 de noviembre en el banquillo de los acusados, fecha en la que dará inicio al juicio del caso de los Cuadernos, donde hay 147 personas imputadas y más de 1.100 millones de dólares embargados.

Después de realizar una audiencia la semana pasada, en la que se fijaron 16 pautas de organización del debate oral y público que tendrá como principal acusada a Cristina Kirchner, señalada como la jefa de una asociación ilícita que se dedicó al cobro de fondos ilegales, el TOF 7 tomó otra decisión clave.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli se pronunciaron sobre el pedido de reparación integral que plantearon cerca de 50 empresarios y ex funcionarios para extinguir la acción penal con un pago económico y evitar, en consecuencia, afrontar el debate público.

Cuando se realizó la primera de las audiencias para abordar este tema, la fiscal general Fabiana León rechazó la propuesta. Sostuvo en su exposición: “La corrupción se juzga, no se negocia”. Indicó entre sus argumentos, que la reparación integral contemplada en el Código Penal, no está prevista para casos de “gran corrupción” como lo es éste.

Para la justicia federal, según confirmaron los jueces de tres instancias, durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner existió una estructura de corrupción que funcionó desde el Ministerio de Planificación Federal para recaudar fondos ilegales, que eran pagados por empresarios contratistas del Estado vinculados a diversos rubros.

La elevación a juicio que se escuchará el jueves 6 de noviembre cuando se dé inicio al debate oral y público, sostiene que el caso de los cuadernos reveló “la principal organización criminal” de las últimas décadas, dedicada a la “recaudación de fondos ilegales” que se volcaron en algunos casos “a operaciones de lavado de dinero en el país y fuera de él”.

A lo largo del expediente, vinculados a la “causa madre” se abrieron seis expedientes más, en los que se buscó analizar área por área en la que el Ministerio de Planificación otorgó contratos y concesiones.

Así, se iniciaron causas por las coimas en importación de gas licuado, en la concesión de peajes, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior atribuidas al ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz.

Todas estas investigaciones están relacionadas con el expediente principal del caso, en el que Cristina Kirchner está procesada como jefa de la asociación ilícita que recaudaba coimas sistemáticamente.

En toda la investigación hay 26 calificaciones jurídicas, respecto al rol ocupado por cada uno de los acusados. Pero también, se señaló la totalidad de hechos investigados que ascienden a 540.